Porque todos somos iguales

En junio de este año, la atleta Yazmín Batáz Carballo, deportista mexicana, practica el deporte adaptado desde el año 1997; en las pruebas de 100, 200 y 400mts, intentó, como tantas otras veces, abordar un vuelo de la aerolínea Volaris. Sin embargo; en esta ocasión personal de la empresa le impidió hacerlo. ¿La razón? Yazmín tiene una discapacidad motriz que le hace necesario el uso de una silla de ruedas. Esta condición, para el personal de esta conocida aerolínea, hacía necesaria la presencia de un acompañante para “asistir” a Yazmín. De acuerdo a una sobrecargo y al piloto, ella no podría ir al baño sola o actuar en caso de emergencia (a pesar de ser una atleta que claramente puede valerse por sí misma), así que decidieron detener el despegue de la aeronave. En entrevista, Yazmín dijo sentirse humillada y avergonzada. El avión despegó únicamente cuando dos personas que venían en el vuelo accedieron a sentarse junto a ella.

La discriminación que sufren las personas con cualquier tipo de discapacidad, no es sólo cotidiana; es incluso, socialmente aceptada. Miradas, burlas y comentarios, se suman a las barreras sociales, culturales y de infraestructura educativa, de servicios de salud y de movilidad, que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Esta discriminación parte de una construcción social de la “discapacidad” como concepto, que ha evolucionado históricamente por la manera en que las sociedades reaccionan ante las personas diferentes por su aspecto físico, comportamiento, o limitaciones físicas o sensoriales. Ante estas diferencias, las sociedades a lo largo de la historia han respondido de manera distinta; sin embargo, la exclusión y la segregación de las personas con alguna discapacidad, han sido una constante.

Así, en diversas sociedades, la persona con discapacidad ha sido percibida como alguien “prescindible” (el enfoque más extremo), o como un objeto de atención médica y cuidados de por vida (modelo médico asistencialista). Este enfoque percibe a la persona con discapacidad como un individuo sin capacidad de decisión ni sujeto de otros derechos más que el del cuidado médico, por lo que frecuentemente, se “atiende la problemática” mediante la segregación e institucionalización.

Estos modelos se han dejado atrás con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, promovida por México y ratificada en mayo de 2008.[2] Este tratado internacional tiene un enfoque holístico: de desarrollo social, derechos humanos, igualdad y no discriminación y pretende garantizar para las personas con discapacidad, el goce pleno de sus derechos humanos, así como su plena inclusión en la sociedad.

El artículo 1° de dicha Convención, a la que el Estado mexicano está obligado, establece como objetivo el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades, para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto a su dignidad.

Por primera vez, el modelo social en materia de discapacidad, quedó plasmado en un tratado internacional. El enfoque se transforma, de modo tal que la discapacidad escapa al ámbito de la persona, y se inserta como una responsabilidad de la sociedad el eliminar las barreras que impiden su plena inclusión. En este sentido, se define que la discapacidad es un “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

El modelo social parte de la desinstitucionalización, el desarrollo de la autonomía de la persona con discapacidad, la generación de políticas públicas elaboradas desde la perspectiva de los derechos humanos, una consulta estrecha con las personas con discapacidad y la promoción de la toma de conciencia de toda la sociedad.

Así, se obliga a los estados en parte, a armonizar sus marcos jurídicos, a formar y sensibilizar a los servidores públicos y a generar políticas públicas (en consulta permanente con organizaciones de la sociedad civil) que garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad en igualdad con todas las demás personas. Esto quiere decir que, donde no exista piso parejo, deberá de emparejarse.

Gracias a este instrumento internacional, las personas con discapacidad ven reconocidos todos sus derechos humanos, y se establece la obligación para México de garantizar sus derechos a la educación, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo, a un nivel de vida adecuado y además a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas y el deporte.

En el caso particular de las personas en situación de víctima, las personas que tienen alguna discapacidad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y enfrentan grandes barreras para su acceso a la justicia y la recuperación de su proyecto de vida. Cuando se agrega una discapacidad al hecho victimizante, las personas enfrentan una discriminación múltiple que multiplica también su vulnerabilidad. Es responsabilidad del Estado mexicano, generar las condiciones que garanticen la atención específica y diferenciada de las personas víctimas con discapacidad.

Pensemos, solo un momento, lo que es vivir con discapacidad, entendida como la limitación por las barreras que aún existen en nuestro país. Imaginemos lo que cuesta mover una silla de ruedas en banquetas completamente irregulares, tratar de incorporarnos a una calle cuando la rampa se encuentra obstruida por alguien que “no encontró estacionamiento”, pedir trabajo y escuchar que no tienen nada para sordos, pretender estudiar y no encontrar opciones si uno es ciego: tener el proyecto de vida truncado tan solo por presentar alguna discapacidad.

La discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad, constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. La eliminación de las barreras que discriminan, tanto en las palabras como en los hechos, a las personas con discapacidad es una responsabilidad ineludible e inaplazable no sólo del Estado mexicano, sino de la sociedad en su conjunto.

Como escribió Eleanor Roosevelt: «Después de todo, ¿dónde comienzan los Derechos Humanos universales? En lugares pequeños, tanto que no se pueden ver en un mapamundi. Pero ahí está el mundo de la persona individual: el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, la oficina en la que trabaja».

La persona individual es, antes de cualquier característica o discapacidad, una persona. Y, como persona, merece un mundo donde se garanticen todos y cada uno de sus derechos, aun en los lugares más pequeños.

Rochín del Rincón,J.. (2015). Porque todos somos iguales. septiembre 14,2015, de Revista Accesos - Estilo de vida y discapacidad Sitio web: http://www.revistaccesos.com/blog/cultura/porque-todos-somos-iguales